Juicio a los tacones en el Parlamento británico

Todo empezó en diciembre de 2015, cuando Nicola Thorp fue despedida de su puesto de recepcionista por no llevar tacones suficientemente altos. La norma de la oficina exigía a las mujeres calzar entre cinco y diez centímetros por encima del suelo. Cuando Thorp se negó a comprarse otros zapatos sugiriendo que la imposición podría ser discriminatoria, fue despedida sin indemnización. Y Thorp comenzó su cruzada.

Una petición online pidiendo que la ley británica prohibiera a las empresas obligar a las mujeres a llevar tacones logró en pocos meses 152.420 firmas, las suficientes como para que los diputados tuvieran que debatirla. Esta semana, todos los parlamentarios de la Cámara de los Comunes del Parlamento de Westminster han de entrar en el fondo de la cuestión, planteada en el informe 'Tacones altos y códigos de vestuario en el puesto de trabajo', 54 folios elaborados por dos comités parlamentarios. Todo, gracias a la presión de las mujeres desde las redes.

En los testimonios recogidos en dicho informe, más de 700 mujeres confirman el dolor y el daño a largo plazo que produce llevar tacones durante períodos de tiempo largos, además de otras órdenes discriminatorias que las empresas pueden llegar a exigirle a las mujeres como teñirse de rubio, llevar ropa sugerente o aplicarse constantemente maquillaje. Aunque la ley de Igualdad de 2010 impide discriminar a las mujeres y otros colectivos protegidos, el estudio concluye que “no es eficaz para proteger a los empleados de la discriminación en el trabajo”.