¿Por qué no funcionan las órdenes de alejamiento?

' Mi marido me asesinó'. Melanie Rueda se refiere a los ocho martillazos que José Guerrero le asestó en la cabeza aquel otoño de 2007. Tras el ataque, José la creyó muerta y la abandonó en una cuneta. Pero Melanie resucitó y él terminó en prisión por intento de homicidio. Guerrero –que ha salido hasta dos veces de prisión por 'buen comportamiento'– no podrá acercarse jamás a ella, pues una orden de alejamiento y una pulsera antimaltrato se lo impiden. Sin embargo, el miedo de Melanie persiste. No un miedo irracional, sino uno sustentado en una larga lista de fracasos de estas y otras medidas de protección que no han salvado a otras mujeres.

En realidad, el maltrato no siempre es tan brutalmente explícito como en el caso de Melanie. A menudo, la violencia machista está llena de matices invisibles y no deja los ojos morados ni los labios partidos. Las palizas y los asesinatos son la punta de un iceberg en el que entran en juego el poder, el control sobre la mujer, las amenazas, los celos y un lacerante abuso psicológico . Hay, por si fuera poco, datos tristemente reveladores sobre el grado de premeditación e impunidad con que actúan los agresores, como el hecho de que muchos aprendan a golpear de modo que la ropa o el cabello tapen las huellas del infierno al que someten a sus víctimas. Por eso, cuando ellas por fin logran escapar de la telaraña tejida por su maltratador y acuden a denunciar, se enfrentan a un momento decisivo en el que el Estado debería garantizar su seguridad. Lamentablemente, esto no siempre ocurre. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2017, se solicitaron 38.501 órdenes de protección, pero la Justicia solo concedió el 68% de ellas (26.044). ¿Por qué?

Según Montserrat Vilà, directora de la Asociación Hèlia de apoyo a las víctimas de la violencia de género, la primera vez que la mujer acude a la policía es clave: 'Esa denuncia es la que ayuda a que haya un buen juicio y una orden de alejamiento contra el maltratador. El problema es que, en muchas ocasiones, la víctima se encuentra con que no hay unidades especializadas para atenderla; no se recaban los datos necesarios y, sin ellos, el juez tiene pocos elementos para saber si se necesita una orden o no'.

A día de hoy, el funcionario que recoge la denuncia tiene que rellenar un cuestionario de 43 preguntas, cuyas respuestas son suministradas a un sistema informático llamado VioGén. Este programa se encarga de valorar si el grado de riesgo que corre la víctima es nulo, bajo, medio, alto o extremo. Pero, según fuentes de la propia Policía Nacional, “el agente puede interpretar el resultado que le da la máquina”.

Modesta es una superviviente de la violencia machista que pasó hace pocos meses por este trámite. Se había separado de su maltratador, pero cinco años después él seguía hostigándola y torturándola psicológicamente. Hasta otoño del año pasado, cuando los insultos, las amenazas de muerte y el acoso sexual por teléfono alcanzaron un nivel insoportable, no se sintió con fuerzas para denunciarlo. ' Me llamaba puta, me mandaba fotos de su sexo y me decía que me iba a rajar de arriba abajo', explica.

En el puesto de la Guardia Civil de Ribarroja (Valencia), le pasaron el cuestionario para valorar si corría riesgo de que su expareja volviera a agredirla. 'Me preguntaron si había habido agresiones y denuncias, si él tomaba alcohol o drogas, si trabajaba, a qué se dedicaba, si temía por mi vida o la de mi hija , si creía que podía agredirme con arma blanca o atentar contra mi vida... Pero al final, como vive en otra ciudad, le pusieron nivel bajo de peligrosidad'. Hasta que el agresor no se plantó en su puerta y quebrantó la orden de alejamiento cuatro veces, no la pusieron en la categoría de alto riesgo.

Los servicios sociales de la Comunidad Valenciana sí habían entendido el peligro que corría Modesta desde el primer momento y le ofrecieron un dispositivo con botón del pánico, que tuvo que usar cuando el maltratador se volvió a presentar a las puertas de su hogar. Ese dispositivo fue lo que le salvó la vida.

En realidad, la seguridad de estas supervivientes está en manos de un algoritmo. Un sistema que ya se intentó mejorar en 2015 con ayuda de la Universidad Autónoma de Madrid y que no deja de ser una herramienta más, pero que se convierte en un problema cuando los jueces se ven forzados a apoyarse excesivamente en ella.

Lo paradójico es que la Ley contra la Violencia de Género de 2004 ya preveía una herramienta mucho más potente para calibrar el riesgo que corre una mujer maltratada por su pareja: las unidades de Valoración Forense Integral (VFI), equipos formados por un psicólogo, un médico y un trabajador social, que se encargan de entrevistar y explorar a la víctima (y al agresor), revisar las diligencias judiciales y el atestado policial, y entrevistar a los posibles testigos. Es decir, de reunir el mayor número de teselas del mosaico de la violencia machista. Pero 14 años después de dictada la ley, la Valoración Forense Integral sigue sin estar implantada en toda España.

Andalucía cuenta con ocho unidades de Valoración Forense Integral, una por provincia, pero Flor de Torres, la fiscal delegada de Violencia a la Mujer de dicha comunidad, reconoce que ' este protocolo tiene muy poco uso. Son informes que solo se han utilizado en 234 ocasiones, a pesar de la magnitud del problema'. La directora general de Violencia de Género andaluza, la forense Ángeles Sepúlveda, esta de acuerdo: ' Si solo tenemos la valoración policial y carecemos de la VFI, entonces nos quedamos con solo una parte de un problema mucho más global y complejo'.

María Tardón, jueza de Violencia de Género en la Comunidad de Madrid, reclama por su parte la implantación de las unidades de VFI tanto en su jurisdicción como en el resto del país. 'Son equipos profesionales auxiliares que pueden hablar con la víctima en profundidad. Muchas veces, una comisaría o un juzgado no son el ámbito ideal para que la víctima explique con claridad todo lo que le ha pasado. Además, si el juez no está formado en violencia de género, puede ver comportamientos extraños, que no entiende. Incluso las que tenemos mucha formación y experiencia, sabemos lo difícil que es preguntar a la víctima'.

Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que debería haber, al menos, un t ribunal especializado en agresiones sexistas en cada provincia. Si bien, de los 345 existentes, solo 26 cuentan con esta categoría, y no en todas las comunidades autónomas.

Así se explica, en cierto modo, que en 2017 la Justicia denegara el 30% de las medidas de protección (11.645) solicitadas por la Fiscalía o los abogados de las víctimas.

Miguel Lorente, forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, está de acuerdo en que en estos resultados ' influyen varios factores, como la credibilidad de la mujer en la sociedad o una una visión estereotipada de la violencia de género por la que a menudo se 'espera' un ojo morado o un labio reventado'.

Precisamente, para evitar este tipo de carencias, el Congreso aprobó el pasado 12 de junio una proposición de ley del PSOE para reforzar la formación de los jueces en violencia machista. En la actualidad, solo 137 magistrados realizan este tipo de cursos, de 50 horas de duración, una especialización que los propios miembros de la judicatura y los partidos políticos pidieron mejorar a raíz de la sentencia de La Manada .

Suena el teléfono en la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, en Sevilla. Descuelga el agente Ramón Julio Caballero y escucha al otro lado la voz de María (nombre ficticio). Caballero le habla en un tono pausado y comprensivo. Al colgar, le comenta al inspector Rafael López que la mujer se encuentra más tranquila: a su acosador le han caído nueve meses de cárcel por quebrantar su orden de alejamiento por enésima vez.

Cuando salga, será labor de este equipo de élite de la Policía Nacional, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), que María siga con vida. Pero no es tarea fácil: las vidas de 800 víctimas están en manos de solo siete personas. Los agentes se saben sus nombres, sus circunstancias y están disponibles para ellas las 24 horas.

No siempre fue así. Cuando Ana Bella denunció a su maltratador hace 17 años, el policía que la atendió la invitó a 'reconciliarse' con su marido, que llevaba años agrediéndola física y psicológicamente. La respuesta de Ana fue crear una Fundación, que lleva su nombre, para ayudar a mujeres como ella. 'Se ha mejorado muchísimo; hoy hay protocolos, órdenes de protección… Se lo están tomando muy en serio y son muy empáticos con nuestra situación', reconoce.

Para el inspector Rafael López, el trato a las víctimas ha cambiado tanto a nivel social como policial y 'no tiene nada que ver con lo que ocurría hace 10 años. Ha habido un proceso de sensibilización. Para formar parte de esta unidad, necesitas hacer un curso de especialización y pasar una entrevista psicológica. Cuando llegas, tienes que cambiar el chip policial, porque aquí no te aprendes el nombre de los delincuentes, sino de las víctimas. Como cada víctima tiene asignado un agente, que está con ella desde el principio hasta el final, se crea un vínculo de confianza'.

Pero, como siempre, la falta de recursos hace insuficiente la labor de los agentes. 'Ahora mismo, la Policía Nacional atiende en Sevilla al 80% de las víctimas y estamos desbordados', dice el inspector López. El agente Caballero afirma que, como mucho, cada policía debería atender los casos de 50 mujeres. El Sindicato Unificado de Policía cree que esa cifra debería reducirse a cerca de la mitad y considera que la UFAM tiene 'graves carencias': aunque las víctimas pueden llamar a su agente policíal cualquier día y a cualquier hora, al no ser unidades de 24 horas a veces se deriva a las mujeres a oficinas de atención al ciudadano, donde, probablemente, no les atenderá un funcionario especializado.

Donde nunca se apagan las luces es en el centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (COMETA). Durante 24 horas al día, esta oficina tecnológica se encarga de registrar todas las incidencias de las llamadas pulseras antimaltrato, una de las medidas estrella de la Ley de Violencia de Género de 2004. Mediante este dispositivo, el agresor quedaría imposibilitado de acercarse a la víctima. Cuando lo hace, un Gran Hermano tecnológico activa las alarmas.

El inculpado o condenado tiene dos artefactos: el brazalete (transmisor de radiofrecuencia) y un dispositivo móvil; mientras que la víctima cuenta con otros dos aparatos: uno fijo (para el hogar o el trabajo) y otro móvil, para llevarlo siempre con ella. Si el maltratador entra en la zona de exclusión fija o itinerante, saltan las alarmas. Si pierde la cobertura, saltan las alarmas. Si trata de quitarse el aparato, que lleva abrochado al tobillo o la muñeca, también saltan las alarmas.

Cada vez que eso ocurre, los teleoperadores de COMETA (gestionado de momento por dos empresas privadas, Telefónica y Securitas Direct), llaman a la víctima, al agresor, a la Policía y envían un informe a los juzgados.

A finales de 2016, había 884 pulseras antimaltrato activas en nuestro país y las habían llevado más de 4.200 maltratadores desde que se puso en marcha el sistema. Sin embargo, cuando el pasado mes de marzo el Ministerio de Sanidad convocó un concurso público para la renovación de las pulseras, tuvo que ser declarado desierto.

Ninguna empresa parece querer hacerse con la patata caliente de sistema de protección. ¿La razón? Aunque se ha comprobado que es una medida efectiva –en Andalucía, que es la comunidad con más dispositivos (239), no ha muerto ninguna de las mujeres que lo usan– también es un arma de doble filo. Su uso genera un mar de incidencias, que pone en alerta a víctimas, policías y teleoperadores sin necesidad. Así lo reconocen desde la propia Policía: 'Algunas mujeres renuncian a él, porque es molesto'.

Y las pulseras fallan porque utilizan un sistema de geolocalización obsoleto (2G, en vez de 4G) y, en algunos casos, los maltratadores pierden la cobertura en su propia casa. Además, muchas víctimas sospechan que hay agresores que quebrantan la orden de alejamiento para seguir torturándolas psicológicamente. Hay mujeres que han denunciado a maltratadores que le quitan la batería a las pulseras, en días de fiesta, para que la víctima 'se acuerde de él'. Si suena la alarma, se activa, otra vez el miedo. Y la activista Montserrat Vilà lo corrobora: ' Teníamos a una mujer cuyo maltratador se metía en moto en la zona de exclusión y, cuando los mossos llegaban, ya se había marchado. Lo hacía para continuar atormentándola'.

Por eso no sorprenden casos como el de Luz (nombre ficticio). A ella le ofrecieron la pulsera, pero la rechazó. Tras separse de su maltratador, 'estaba machacada psicológicamente. Él se presentaba por mi trabajo, silbaba delante de mi puerta, me perseguía… Lo tenía metido en la cabeza. No me veía capaz de soportar que me llamaran de madrugada para decirme que estaba en riesgo y que me pusiera a salvo', explica. Así las cosas, ella cree que la única manera de estar a salvo es no salir, no trabajar ni tener vida. ' No hablo con hombres, ni hago nada que le pueda molestar. Es la única manera que tengo de proteger mi vida y la de mi hija', señala.

En el aspecto legal, la abogada Elena N. Dueñas se muestra muy escéptica. ' Hay varios problemas con los brazaletes: primero, el hecho de que son escasos; además, es una medida que se impone normalmente solo tras varios quebrantamientos y, lo que es mas grave, en las pocas ocasiones que se hace uso de ellos, los juzgadores dudan de su fiabilidad. Es decir, ni siquiera son determinantes para obtener una condena', explica.

Según datos del Consejo del Poder Judicial, en el tercer trimestre de 2017, se quebrantaron las medidas de protección 3.745 veces, una cifra que supone el 9,1% de los delitos contra la mujer. Hace tres años, se modificó el Código Penal para que los maltratadores que 'inutilicen o perturben el funcionamiento normal' de las pulseras puedan ser condenados por un delito de quebrantamiento, penado con cárcel de seis a 12 meses. La magistrada Cueto cree que esto debería tipificarse como desobediencia, pues es un delito contra la Justicia que ha ordenado dicha medida, y castigarse con hasta un año de prisión.

Sin embargo, a pesar de todos estos problemas, la fiscal Flor de Torres ofrece una visión más positiva de este dispositivo. 'Deberían instalarse muchas más pulseras, porque es lo más garantista que hay y es lo único que nos permite contrastar científicamente que se está cumpliendo, o no, la orden de alejamiento'.

Lo que todas las partes tienen claro, en todo caso, es que el sistema telemático necesita mejoras. Empezando por su actualización tecnológica. Así lo expresa la jueza María Tardón, que cree que las incidencias que lleguen al juzgado ' no pueden ser nunca causadas por una falta de cobertura'.

En el aire sigue quedando la cuestión a vida o muerte de todo esto: ¿cómo mejorar la protección de las víctimas? En las respuestas, muchos de los actores coinciden: en el momento de la denuncia, debe haber funcionarios especializados en violencia de género. La valoración de riesgo policial se tiene que ver complementada con las unidades de Valoración Forense Integral que rastreen el delito de violencia de género en toda su complejidad. No, no basta con una aplicación informática para determinar el riesgo. Y la formación para los jueces no puede quedarse en cursos esporádicos: 'Es necesario diseñar una formación gradual y progresiva, en la que se vean los conceptos básicos al principio y, poco a poco, se profundice', reconoce Miguel Lorente.

En segundo lugar, los fallos tecnológicos no pueden anegar los juzgados de avisos y alarmas, porque, como señala el divulgador jurídico Daniel Kaffee, puede pasar como en el cuento de Pedro y el lobo: que se pasen por alto las alarmas en las que una mujer se está jugando la vida. Jurídicamente, algunas víctimas y sus abogados reclaman la prisión preventiva para los casos de mayor riesgo. El problema es discernir cuáles. Y es ahí donde vuelven a entrar en juego los informes forenses, para que los jueces puedan decretar la prisión preventiva o la orden de alejamiento, mientras se instruye el caso y se condena al agresor. La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, es de esa opinión: ' La medida preventiva para una persona peligrosa debería ser la prisión, que es lo único que frena a alguien que está decidido a matar'. De las 61.069 medidas judiciales adoptadas para proteger a las mujeres maltratadas en 2017, solo un 3,2% fueron de prisión para el agresor.

Todas estas medidas necesitan financiación. Una financiación con la que la crisis y los recortes se han cebado. Hacen falta más recursos para atender a las víctimas; pero también es necesario, como señalan desde los sindicatos policiales, poner el foco en el seguimiento del agresor. A largo plazo, sin embargo, solo cabe una solución y no es policial: que, a base de conciencia y educación, la sociedad cambie y el machismo sea completamente erradicado.

El pasado diciembre, el presidente Macron anunció un plan de acción en torno a tres ejes: educación y batalla cultural; protección a las víctimas; y robustecimiento del arsenal represivo. En la escuela se impartirán clases sobre 'prevención y lucha contra el sexismo, el acoso y la violencia', ya que los expertos creen que la ornografía y los videojuegos son claves en la 'cultura de la violación y el maltrato'. Las denuncias no solo se podrán hacer en comisaría, también en los hospitales. Habrá 'multas disuasorias' para el delito de sexismo por acoso en la calle.

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