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El 2019 también va a ser el año de las mujeres

En 2018 el feminismo se popularizó y logró instalarse en el centro del debate público. Sin embargo, mucho de lo que se pidió en las calles fue papel mojado en las instituciones. Este año de elecciones será decisivo para el movimiento.

Kristen Stewart durante las marchas de marzo por los derechos de la mujer en EEUU. (Pincha en la imagen para descubrir todas las mujeres que han dado voz al feminismo en toda su historia)./gtres

Kristen Stewart durante las marchas de marzo por los derechos de la mujer en EEUU. (Pincha en la imagen para descubrir todas las mujeres que han dado voz al feminismo en toda su historia). / gtres

Lola Fernández
Lola Fernández

Hace tres meses que le dimos la bienvenida al 2019 y lo hicimos con la esperanza y la expectativa intactas, pero también con la idea clara y compartida de que ya no es posible hacer como que no pasa nada. El asesinato hace tres semanas de Laura Luelmo , la profesora de plástica de 26 años que salió a correr y terminó arrojada a unos arbustos, no se sumará siquiera a los 974 asesinatos que la estadística oficial acumula desde 2003. ¿La razón? Que no existía relación sentimental con quien la abatió, con lo que su muerte no será reconocida como violencia de género, al igual que la de otras 95 mujeres solo en 2017 y 2018, según Feminicidio.net.

Duele pensar en todas las mujeres y niños asesinados que no han entrado en las estadísticas. Pero su ausencia ya no puede ser ninguneada por justicia y porque y ofrece una imagen distorsionada de la gravedad de la situación.

La realidad de las mujeres, tan diversa, produce sentimientos encontrados. Por un lado, se percibe la fuerza de un empoderamiento general que por primera vez tiene impacto en la opinión pública. Por otro, se constata que este figurar en la agenda pública, no resuelve las urgencias. No cesa la violencia machista, pero ni su tremenda visibilidad mediática consigue que merezca figurar entre los 10 asuntos que más preocupan a los españoles, según revela el CIS. No parece existir un reconocimiento del daño: mientras los datos oficiales consignan un crecimiento continuado de las agresiones sexuales y las violaciones, la preocupación por la violencia hacia las mujeres cae hasta el quincuagésimo lugar.

¿Machismo arrinconado?

Este año comienza con el anuncio de una corriente antifeminista en el discurso de nuevos partidos, en algunos medios de comunicación y, sobre todo, en las redes. Una contraofensiva en la vida pública que, desafortunadamente, ya está instalada en la vida privada de las mujeres. Las expertas achacan este recrudecimiento de la violencia a una reacción por parte de hombres frustrados que ven cómo la crisis menoscaba su masculinidad (pierden el trabajo, el rol de autoridad o la capacidad de proteger y proveer) o que se niegan a "perder valor" admitiendo más iguales que sus exactamente semejantes.

Justa Montero, histórica activista feminista y experta en género y desigualdad, denomina este fenómeno "violencia por reacción". Según su análisis, estamos ante un entorno social que consiente la violencia, cuando no la aplaude o legitima, "al identificarse unos hombres con los esfuerzos de otros para "poner las cosas en su sitio" y volver al estado inicial en sus relaciones con las mujeres, un estado que consideran el natural". Montero precisa que este es un motivo del recrudecimiento de la violencia, no de la violencia en sí, pues esta también existía cuando las mujeres no le oponíamos resistencia social. "Pensar en la violencia solo como reacción a la rebeldía de las mujeres supone negar su existencia cuando estaba amparada en el silencio del hogar", explica.

Más jóvenes

Mientras el debate político y mediático quiere centrarse en el endurecimiento de las penas, continúa en espera una intervención decisiva en la educación de los niños y jóvenes, la única medida efectivamente preventiva.

Desde 2009, la violencia de género entre adolescentes ha aumentado en un 682%.

Casi el 11% de las víctimas de violencia de género en España son menores de 18 años, y la estadística va en aumento. Si en 2016 hubo 177 enjuiciados por ejercer la violencia contra sus parejas o exparejas adolescentes, en 2017 ya fueron 266. Desde 2009 y hasta 2016, la fundación ANAR detectó un aumento del 682% en los casos de violencia de género entre menores. Todo esto se encuentra sobre la mesa política, junto a otras reivindicaciones urgentes: terminar con la brecha salarial (que asciende al 23,8% en el sector privado), los salarios y las pensiones míseras; dejar de una vez de ningunear a la conciliación; y acabar con los sesgos de la ley y de su aplicación en los casos de acoso, agresión y violación. En realidad, la lista de agravios es tan larga que la sencilla demanda de igualdad se percibe como una amenaza en todo el espectro ideológico: algunos sondeos electorales ya le preguntan a los encuestados si el feminismo les causa molestia o recelo.

Paradójicamente, la igualdad que tendría que ser motivo de cohesión y estímulo de voto se plantea como un factor que disgrega. Cala la percepción de un exceso de feminismo, hasta el punto de que algunos medios insisten en la existencia de denuncias falsas o publican encuestas que nada inocentemente preguntan: "¿Se exageran las posiciones a favor de la mujer?".

Resulta sintomático que, en vez de atender una agenda política que reúne casi a la mitad de la población (según las encuestas, el 58% de las mujeres y un 46% de los hombres españoles se declara feminista), esta se reciba con tanta prevención e incluso con miedo.

La visibilidad de las mujeres y figurar en la agenda pública no resuelve las urgencias.

Silvia Clavería, profesora de Ciencia Política en la Universidad Carlos III, no cree que el eje feminista sea tan potente como para decidir el voto. Sí existe, sin embargo, una tendencia clara para el voto femenino. "Las mujeres acostumbran a votar en mayor medida que los hombres al centro-izquierda. Valoran que haya partidos dispuestos a desarrollar el Estado de Bienestar, que es una condición importante para poder llegar a la igualdad. Además, son mucho más reacias a votar a partidos de extrema derecha, entre otros factores porque no valoran positivamente que se les puedan recortar derechos".

María Silvestre Cabrera, profesora de la Universidad de Deusto y exdecana de su facultad de Sociología, confirma el análisis de Clavería, y señala un nexo de unión transversal que ya nos une al menos en las calles. "Ahora mismo, lo que se ha conseguido es que las mujeres nos movilicemos juntas y sintamos como propias y comunes una serie de reivindicaciones que están muy relacionadas con la violencia de género, las agresiones sexuales y la percepción de desprotección por parte de la justicia. Esa movilización conjunta lo que proporciona es una fuerte presión social y una mayor legitimidad a la reivindicación y la denuncia de desigualdad".

Instante decisivo

Las elecciones de 2019 nos colocarán probablemente frente a una oferta electoral polarizada, donde podría plantearse un retroceso en derechos para las mujeres. Cinco iniciativas legislativas fundamentales están en juego: el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y su dotación presupuestaria y cuatro proyectos de ley anunciados, registrados o en tramitación: la Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual, la Ley Orgánica de Protección Integral frente a la violencia contra la Infancia y Adolescencia, el Proyecto de Ley Integral contra la trata de seres humanos y en particular con fines de explotación sexual y la Ley de Igualdad Laboral.

Con María Silvestre Cabrera nos preguntamos, si los políticos son conscientes de lo mucho que las mujeres nos jugamos. "No sé hasta qué punto los partidos son conscientes de la importancia que tiene asumir un discurso ideológico que recoja las demandas de la mayoría de las mujeres -dice la especialista-. Pero creo que el futuro de la regeneración política pasa, en gran parte, por la adopción de las propuestas del movimiento feminista".

La agenda legislativa para 2019:

1. Ley de igualdad laboral: Es un proyecto del PSOE que ya está en tramitación en el Congreso, con 49 artículos que buscan revertir la discriminación de la mujer en el mercado laboral.

Algunos artículos son:

  • Cuotas femeninas en los órganos de decisión de las empresas.

  • Multa de entre 60 y 50.000 euros a las compañías que no concilien o que, por ejemplo, extingan un contrato a una mujer embarazada.

  • Subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros en 2019.

  • Recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años.

  • Igualdad retributiva entre hombres y mujeres.

  • Permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles para 2021 (16 semanas, a implantar progresivamente).

2. Pacto de Estado contra la Violencia de Género: Más de un año después de su aprobación, no se ha implantado todavía más del 80% de las 214 medidas que acordaron todos los grupos parlamentarios. El pacto necesita apoyo presupuestario y ofrecer la posibilidad de que se integren las medidas que asociaciones de mujeres y partidos han puesto sobre la mesa.

Algunas medidas son:

  • Establecer por ley la inversión del Estado en esta materia en los presupuestos generales del Estado.

  • Revisar críticamente el marco que limita la violencia de género a la relación de pareja y abrir la consideración de víctima a mujeres que sufren agresiones por parte de desconocidos u hombres sin vínculo sentimental.

  • Que los mecanismos de ayuda a las víctimas se ponga en marcha sin necesidad de denuncia, mediante un informe de los servicios sociales.

  • Eliminar la necesidad de que los dos progenitores den el consentimiento para que los menores hijos de víctimas de violencia machista reciban asistencia psicológica.

  • Designación urgente de abogados y procuradores para la víctima, y que puedan personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

  • Permitir que las víctimas tengan ayudas y protección desde el momento en que se dicte la sentencia en primera instancia.

  • Que la reforma de la Ley del Poder Judicial, que ya ha puesto en marcha la formación de jueces en violencia de género, recoja también que esta materia pase a ser una especialidad más del Derecho.

  • Planes de sensibilización y educación que incidan en la prevención y en la instauración de un clima social en el que se aísle al maltratador y se apoye a la víctima.

3. Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual: La norma que se está tramitando ahora mismo en el Congreso establece medidas sociales, educativas, sanitarias y de reparación de las víctimas.

Los objetivos:

  • Reformar el Código Penal para unificar los delitos sexuales en uno solo de agresión sexual y, por consiguiente, eliminar el de abuso sexual.

  • Blindar el "solo sí es sí", de forma que la determinación de los tipos penales gire sobre el eje del consentimiento y no de la violencia o la intimidación que concurran, como ocurre en la actualidad.

  • Que estos delitos se diriman en los juzgados especializados en violencias contra la mujer.

  • Tipificar penalmente el acoso callejero.

4. Ley Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia y Adolescencia: Según el Anuario de Criminalidad del Ministerio del Interior, 3.919 niños y niñas han denunciado en 2018 violencia sexual, lo que supone solo un 4% de los 97.000 menores que se estima que la sufren. La mitad de los abusos sexuales que se producen en España son contra niños y niñas.

Se reclama:

  • Crear de una red de juzgados especializados en menores de edad.

  • Poner en marcha un registro unificado de menores víctimas y de agresores que permita que se proceda a una inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, voluntariado y actividades que impliquen trato con menores.

  • Facilitar "el deber de denuncia" y la detección precoz de estas situaciones de violencia.

  • Formación especializada para jueces, fiscales y demás operadores jurídicos.

5. Proyecto de Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos y en particular con Fines de Explotación Sexual: El negocio de la explotación sexual de mujeres mueve en España 3.700 millones de euros anuales, lo que supone más del 10% de los beneficios ilícitos de ese ámbito a nivel mundial. En el año 2017, la policía identificó a 13.000 víctimas de trata.

El primer borrador del proyecto de ley plantea:

  • Ilegalizar la prostitución, penalizando al cliente.

  • Perseguir a quienes faciliten pisos donde se ejerza esta actividad.

  • Consideración de la trata con fines de explotación sexual como una forma de violencia de género.

  • Despenalización total de la víctima.

  • Tener en cuenta la trata no solo con fines de explotación sexual, la mayoritaria, sino también "los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre, la mendicidad, la explotación para realizar actividades delictivas, la extracción de órganos o la celebración de matrimonios forzados".

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