El tiempo determina la calidad de la justicia. En cierto sentido, Pilar Llop (Madrid, 1973), jueza, expresidenta del Senado y ministra de esa cartera desde el pasado julio, no tiene mucho, y hace equilibrios para compensar la balanza. Debe actuar con celeridad para sacar adelante leyes tan complejas como la de la libertad sexual o del «solo sí es sí». Sin embargo, también cree que es necesario detenerse a explicar con detalle, ejemplos y el entusiasmo de una convencida «friki de las instituciones», cómo funciona el sistema judicial.
El valor de la conversación es algo que aprendió en la peluquería de su madre, situada en un barrio madrileño de clase obrera. «Se creó algo parecido a una red de apoyo entre las clientas, que intercambiaban ropa pero también hablaban de situaciones de malos tratos», recuerda Llop, cuyo padre trabajó durante una época de taxista, trayendo a casa su buena dosis de pulso de la calle. Ahora frecuenta la peluquería de su hermano y su cuñada. «Antes de independizarse trabajaron con el gran Leonardo, que peinaba a Isabel Preysler e Isabel Pantoja», cuenta abriendo los ojos y ladeando la cabeza, su gesto cuando dice algo significativo.
Ángel Gabilondo, padre político de la ministra, de quien fue número dos en las elecciones madrileñas de 2019, elogiaba su elegancia: «Ha llegado París». Muy consciente de su imagen, no son solo sus palabras las que lanzan mensajes. En pleno debate sobre la abolición, ha pedido para la sesión de fotos prendas diseñadas por Úlises Mérida para la Fundación APRAMP, que ayuda a la inserción sociolaboral de mujeres que han ejercido la prostitución.
MUJERHOY. Se pide un MIR judicial, esgrimiendo que es una carrera elitista. ¿Que usted sea jueza es una rareza o una señal de cambio?
PILAR LLOP. La mayoría somos gente de clase media, no todos son hijos de magistrados o abogados de los grandes despachos. Lo hemos conseguido gracias al esfuerzo que nuestras familias hicieron, que nos pagaron los años de oposición. Yo aprobé en dos años y medio, aunque la media es de cuatro y medio. Desde el Ministerio queremos que aquellos con vocación de servicio público y de impartir justicia puedan acceder a becas públicas. La primera prueba se ha dotado con 1,6 millones de euros y se favorece a personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, menos recursos…
¿Hay un término para quienes, como usted, han pasado por los diferentes poderes del Estado: judicial, ejecutivo y legislativo?
No somos muchos. Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, mi predecesor en el Ministerio de Justicia, Juan Carlos Campo… Pocos hemos tenido el privilegio de contemplar esa panorámica del Estado.
¿Y qué se aprecia desde esa posición?
Que el legislador constitucional hizo un diseño institucional extraordinario. Es lo que ha permitido que tengamos 40 años de convivencia pacífica. Más que de de separación, prefiero hablar de división de poderes, porque cada uno de ellos no está al margen de los otros. En un Estado de derecho, deben dialogar entre sí con lealtad y respeto a la independencia y las competencias de cada cual. A veces no están tan claras y por eso existe la posibilidad de que, cuando hay fricciones, se pueda recurrir al Tribunal Constitucional para resolverlas. ¿Y por qué es así? ¡Es que está tan bien diseñado nuestro sistema!.
Cualquiera diría que se emociona hablando de esto.
¡Soy muy friki de las instituciones! Acabo mi explicación: el Constitucional es nombrado por los tres poderes del Estado, por lo que es jurisdiccional, pero es un órgano con una marcada naturaleza política. Dos de los miembros los nombra el Gobierno; otros dos el Consejo General del Poder Judicial; y a los otros ocho, mitad el Congreso y mitad el Senado. Son los tres poderes del Estado los que están ahí representados, donde la ciudadanía deposita su legitimidad.
Resulta didáctica, ahora que está tan presente la composición de estos órganos y su bloqueo.
Hace falta mucha pedagogía institucional. Qué importante sería que en los colegios hiciéramos un esfuerzo para explicar el papel de las instituciones... Cuando no se conoce algo, se desprecia. Solo con instituciones fuertes podemos mantener el Estado de derecho, que es adonde miramos cuando reclamamos servicios públicos de calidad (como sanidad y educación), pero también servicios judiciales.
¿Cómo valora la renovación del Constitucional?
Los cuatro jueces que se han renovado del Tribunal Constitucional lo han sido por el Congreso de los Diputados. Es un diálogo que deben mantener las fuerzas políticas en su independencia y responsabilidad. El Gobierno no tiene nada que hacer ni tiene que influir. Lo mismo ocurre con el Consejo General del Poder Judicial. Son las fuerzas políticas quienes tienen que entrar en esa renovación. El Consejo es un organismo que tampoco se explica bien. Hay 20 integrantes y 12 son previamente propuestos por los jueces y juezas, con una mayoría muy cualificada.
¿Entonces los jueces sí eligen a los jueces?
Claro. Eligen a los candidatos y candidatas de entre los 5.500 que hay para que vayan al Consejo General del Poder Judicial. De esos finalistas, el Congreso elige seis y el Senado otros seis. Los ocho restantes son propuestos directamente por Congreso y Senado entre juristas de reconocido prestigio, que no necesariamente tienen que ser jueces. Si hablamos de poderes del Estado, solo lo son cuando su origen está en la voluntad popular, como dice la Constitución. Los magistrados del Supremo son quienes hacen la jurisprudencia sobre desahucios, hipotecas, cuestiones de familia, guarda y custodia, delitos sexuales, abortos, asuntos laborales, cuestiones contencioso administrativas… Tiene que existir este vínculo con la ciudadanía para no perder la orientación ciudadana. El artículo 3 del Código Civil dice que todas las leyes se aplican por los jueces y juezas teniendo en cuenta el contexto social. ¿Qué ocurrió con el caso de La Manada? Hubo una sentencia que provocó una desafección del sentir mayoritario ciudadano. Tuvo un impacto tan importante que el Supremo restauró la sentencia. La sociedad cambia, evoluciona. Por ejemplo, con la violencia. Cada vez se sofística más y somos más sensibles, más intolerantes a ella. Ya no se condena solo una agresión sexual o física, sino verbal o a través de redes.
¿Puede una ministra de Justicia valorar sentencias y a la vez respetar la independencia de los jueces?
La libertad de expresión debe primar y, una vez que las resoluciones son públicas, uno puede dar su opinión. Lo malo es cuando se hace antes. Yo tengo un criterio técnico, soy una jurista que accedí a la carrera judicial hace 21 años y puedo dar libremente mi opinión sobre resoluciones que pertenecen al acervo popular.
¿Estas fricciones son entonces un buen síntoma?
Yo las vivo como parte de la normalidad democrática. Las personas somos muy diversas, y también lo son las opiniones. No lo concibo en absoluto como una agresión, como tampoco cuando a mí se me critica por mi gestión y opiniones. Lo que siempre dejo fuera es la crítica personal, las opciones de vida o ideológicas.
¿Es normal que se sepa la ideología de los jueces?
Todos tenemos una. Hasta la ropa que te pones es una declaración de intenciones. Yo hoy llevo prendas de la Fundación APRAMP, una organización que lucha contra la trata y es abolicionista de la prostitución, y muestra un posicionamiento. Me encanta su diseñador, Ulises Mérida, es maravilloso, pero también una persona comprometida con la causa. De dónde vienen estas telas, quiénes la fabrican, con qué procesos se confeccionan, si se respetan los derechos humanos o son prendas sostenibles... Si hay posicionamiento en algo así, ¿cómo no se va a plasmar la ideología en resoluciones judiciales? A su vez, tenemos un marco legal que hay que respetar, y, dentro de esa horquilla, jueces y juezas aplican la ley. Eso sí, soy muy insistente con una cosa: si hablamos de cuestiones relativas a menores y violencia de género, hay que hacerlo con perspectiva de género. Por ejemplo, cuando se toma declaración a una mujer víctima de una agresión sexual, no tiene por qué estar llorando, no tiene por qué haber lesiones, no se le tienen que hacer preguntas incómodas. A quien tenemos que proteger es a esa mujer en su libertad y en su seguridad. La libertad sexual de cualquier mujer vale lo mismo, también la de una prostituida. Hay mitos inaceptables, como que no puede haber una violación entre personas convivientes. Son prejuicios que hacen mucho daño, favorecen la impunidad y que la gente se aleje del sistema. Hay que identificar que uno tiene esos estereotipos. Yo no nací con perspectiva de género, he tenido que aprender a base de trabajar en este mundo y hablar con mujeres que me han hecho verlo. Como jueza, reconozco que en alguna ocasión me he equivocado.
¿Cuál fue su sentencia más difícil de dictar?
Fue siendo jueza de lo Penal en Mataró, un abuso de menores por parte de un profesor. Eran niños muy pequeños, de cinco años, algo muy duro de asimilar. Las decisiones más difíciles para mí son esas en las que hay que determinar si adoptas medidas de alejamiento, valorar si existe o no un riesgo para la víctima, que es algo tan difícil de predecir y siempre en situaciones al límite. No he podido dormir pensando: «Por favor, que no le pase nada a esta víctima». También en el caso de alguna mujer que no quería ni siquiera denunciar.
Está pendiente la ley del «solo sí es sí». Sus críticos dicen que se invierte la carga de la prueba.
No podría porque está proscrito por toda la normativa internacional y nuestro propio sistema, que es de los más garantistas. Lo que la ley dice es que el consentimiento no puede presumirse, que debe ser expreso o tácito, pero nunca presunto. Ahora mismo, en el caso de la sumisión química, una mujer que ha tomado una sustancia que le ha dejado sin conocimiento, o que le ha suministrado quien luego va a cometer el delito, como no sufre violencia ni intimidación se considera que es un abuso sexual. Incluso si vienen 20 agresores y penetran a esa mujer. ¿Esto es proporcionado? En un delito de robo, tirarle del bolso a una mujer si hay pérdida del equilibrio se considera que es violencia. ¿Por qué siempre el cuestionamiento está en los delitos sexuales? Porque la mayor parte de las víctimas son mujeres.
El Gobierno también ha asumido un compromiso con la abolición de la prostitución.
Es una ley compleja que supone un cambio de mentalidad total en la sociedad. Como Gobierno no admitimos un modelo regulacionista, que acepta la prostitución como un trabajo. Un estado democrático no puede ser un estado proxeneta. Si estamos en la línea de castigar la explotación y a aquel que se beneficie de la prostitución, no se puede cobrar impuestos por esa actividad. Tampoco vale el modelo de no hacer nada, mirar para otro lado y aceptar que se puede acceder al cuerpo de una mujer pagando. Hay un desequilibrio. La mujer no hace con su cuerpo lo que quiere; es el cliente, por llamar de alguna manera al consumidor, el que hace con el cuerpo de ella lo que a él le da la gana, que es lo grave.
En casos así, ¿hay que legislar por delante de la sociedad?
Como pasó con la ley de violencia de género. Tenemos que dar soluciones legales a las realidades existentes. Si no lo hacemos, no se cambiará esta mentalidad. No puede ser que los niños salgan a la calle y coleccionen como si fueran cromos las tarjetas de anuncios de prostitución. Yo lo veo, vivo en frente de un colegio. ¿Qué modelo de sociedad queremos para nuestros hijos, uno en el que haya prostitución o uno en el que las mujeres sean libres y emancipadas y nos respetemos como seres humanos? Yo opto por este último.
Cuando deje el Ministerio y vuelva a la carrera judicial, ¿será una jueza contaminada por su paso por la política?
Creo que volveré siendo mucho mejor jueza. En la justicia a veces vivimos en una burbuja de protección y, cuando sales a la arena política y te enfrentas al debate, conoces a la gente y coges el pulso de la calle. Es algo que ahora necesito.
Fotos: RAFA GALLAR. Estilista: CARLA AGUILAR
Maquillaje y Peluquería: Piti Pastor (Ana Prado) para Nars y GHD