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El último en sumarse a este debate es el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud. A su juicio, la prohibición del uso de los teléfonos móviles en los centros escolares puede resultar una buena forma de combatir el bullying. La razón es que los teléfonos móviles con dispositivos de grabación de video y voz y con acceso a redes sociales son la principal arma que blanden los acosadores para humillar públicamente a sus víctimas. En este sentido, Calatayud se expresa de manera taxativa a favor de que normas claras al respecto que prohíban su uso en los centros educativos.
Por el contrario, también existe una corriente educativa que aboga por no eliminar estos estos dispositivos del aula, sino por trabajar la educación de los niños e integrar los móviles en las clases, aprovechando sus posibilidades de conexión y de apertura al mundo, así como las oportunidades de creación de contenidos audiovisuales, favoreciendo la creatividad de los menores.
Sin embargo, Calatayud lo tiene meridianamente claro, si los centros educativos tienen ordenadores y tablets u otros dispositivos móviles, los niños pueden utilizarlos, sin necesidad de recurrir a los móviles particulares de los menores. El debate está abierto: ¿Hay que prohibir o seremos capaces de educar a nuestros hijos a convivir con los móviles haciendo un uso racional de ellos y sin utilizarlos para agredir a sus iguales? Más aún, a principios de año, un instituto de Lleida prohibió el uso de los teléfonos móviles, en esta ocasión, para que los niños hablen entre ellos en el recreo: un intento de lograr que los menores vuelvan a jugar entre ellos cara a cara, sin las pantallas como intermediarias.
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