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La sombra del fraude planeó sobre el Festival de Eurovisión en el año 2013 cuando se dieron "intentos de influir de forma deshonesta" en los resultados, que no tuvieron éxito gracias a "los estrictos procedimientos de seguridad habilitados", tal y como reconoció la Unión Europea de Radiodifusión (UER).
En un comunicado, la UER aseguró que "si se detectan irregularidades en el voto antes, durante o después del concurso en favor de alguno de los países representados, automáticamente se iniciarán acciones que conllevarían la exclusión de la cadena participante del concurso por un período máximo de tres años consecutivos".
Fue durante el Festival de 2013 en Malmö (Suecia) cuando se obligó a la UER a ajustar las normas y condiciones de transparencia para regir la composición y funcionamiento de los jurados profesionales del concurso, que deciden el 50% del voto de cada país, junto al televoto de la audiencia, del que depende la otra mitad.
Todo después de que la participación de Azerbaiyán en esa edición quedara empañada por las acusaciones varios medios lituanos que denunciaron que varios ciudadanos anónimos entregaban tarjetas de móvil cargadas con saldo para apoyar a este país a cambio de diversas remuneraciones.
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