Tras trece años de matrimonio y dos hijos en común, la infanta Elena y Jaime de Marichalar decidían en noviembre de 2007 dar el primer paso hacia su divorcio con el anuncio de su «cese temporal de la convivencia matrimonial». Una estrategia de comunicación adoptada por la casa real española para intentar ganar tiempo y gestionar así el que iba a ser el primer divorcio de un miembro de la monarquía patria.
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Los por entonces duques de Lugo habían protagonizado una boda de cuento de hadas en la catedral de Sevilla en marzo de 1995 y posteriormente su relación había contado con el beneplácito de prensa y sociedad. El estilo de Jaime de Marichalar, su camaradería con los medios de comunicación y lo compenetrado que parecía estar el matrimonio en sus salidas públicas hicieron que la pareja se ganara el afecto del público.
Todo ello provocó que su divorcio supusiera todo un reto para la Casa Real y llevó a la misma a tomar la decisión de guardar en una caja fuerte de grado de seguridad IV en el Juzgado de Familia número 22 de Madrid el expediente de divorcio una vez firmado por la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Una medida nata habitual de la que se hizo eco la periodista Cote Villar en La Otra Crónica de El Mundo.
Las especulaciones que rodearon el proceso de divorcio del matrimonio fueron, para la época (y nunca mejor dicho) brutales. Fue la revista Época la que aseguró que la infanta Elena podría haber alegado contra Jaime de Marichalar «consumo ocasional de cocaína para justificar la solicitud de nulidad católica». Sin embargo, y al no trascender ningún dato sobre el acuerdo alcanzado en el proceso de divorcio puramente legal, los medios de comunicación especularon con un posible ataque judicial de la infanta sacando a colación sus hipotéticos problemas con las drogas.
En palabras más simples: si la infanta Elena dejaba constancia de algo así en el divorcio legal, luego resultaría mucho más sencillo que el Vaticano le concediese una posible nulidad eclesiástica. Es decir, que en esos documentos guardados bajo llave aparecería la palabra cocaína.
«Elena de Borbón alega que desconocía, en el momento del compromiso, el consumo de cocaína», escribía Eugenia Viñas, autora del reportaje de Época. Sin embargo, en el mismo artículo se detallaba que el por entonces duque de Lugo había aportado una prueba notarial para desmentir la supuesta afirmación de la infanta. «No quiere perder su estatus social porque quiere seguir siendo yerno del rey».
Unas líneas que no tardaron en obtener respuesta formal por parte de Jesús Sánchez Lombás y Concha Sierra, los abogados de la infanta Elena y Jaime de Marichalar: «Son absolutamente falsas y carentes de base alguna las pretendidas iniciativas, supuestamente en curso, sobre el divorcio o demanda de nulidad matrimonial ante tribunal eclesiástico alguno, a petición de cualquiera de las partes«.
Añadían también que «son absolutamente falsos los hechos narrados en el reportaje como supuestos de una inexistente demanda de nulidad canónica del matrimonio«.
El otro gran rumor que persiguió a los duques de Lugo durante su proceso de divorcio es que la llegada de sus dos hijos hicieron mella, y mucha, en su relación. Algo que a día de hoy sería una razón totalmente entendible para que una pareja decidiera separar sus caminos, en aquel momento se vio como un posible revés para la imagen pública de la infanta Elena y Jaime de Marichalar.
Por no hablar de que en el expediente de divorcio podría haber quedado plasmado un posible acuerdo para que ninguna de las partes implicadas pidiese jamás la nulidad eclesiástica. Esto se debería al escándalo que supondría en término de relaciones realeza-Iglesia.
Sea como fuere, lo cierto es que pasados 15 años del anuncio de divorcio, nadie sabe a ciencia cierta qué contiene el expediente de divorcio de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Lo que sí es seguro es que seguirá bajo llave durante muchos años más.